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El Pleno del Ayuntamiento de Cabanillas ha aprobado, con los votos a favor de PSOE, Izquierda Unida y Vecinos por Cabanillas, una nueva Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Actividades Económicas. Se trata de un texto que no se modificaba...

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El Ayuntamiento aprueba un nuevo IAE, que combina el incremento a grandes empresas con descuentos a la contratación

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Publicado por: Azuqueca Tv
07/10/2015 17:20:32

El Pleno del Ayuntamiento de Cabanillas ha aprobado, con los votos a favor de PSOE, Izquierda Unida y Vecinos por Cabanillas, una nueva Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Actividades Económicas. Se trata de un texto que no se modificaba en Cabanillas desde 1992, y que se encontraba obsoleto, por contravenir leyes vigentes de grado superior. Hay que señalar que la ordenanza sólo afecta aquellas empresas de más de un millón de euros de facturación anual, ya que el resto están exentas de este impuesto.

 

La ordenanza supone, en líneas generales, un incremento de los coeficientes del tramo municipal que permite la ley (entre un mínimo de 0'4 puntos y un máximo de 0'9), y la zonificación del municipio en tres sectores de actividad económica. Las nuevas tablas fijan un impuesto por tramos, que va del 1'29% a empresas que facturan de 1 a 5 millones de euros al año, al 1'35% para las de más de 100 millones de facturación.

 

Este nuevo IAE de Cabanillas ha centrado el debate del Pleno celebrado en la mañana de este miércoles. El alcalde y concejal de Hacienda, José García Salinas, defendió que se trata de una actualización “necesaria y solidaria”. “Nuestra intención y nuestro compromiso es reducir el impuesto del IBI -la contribución urbana- antes de dos años. Y para poder hacerlo, para mantener los ingresos reduciendo ese impuesto, tenemos que tomar medidas como esta. Este incremento del IAE nos parece justo y moderado. Supone pedir un pequeño esfuerzo a empresas de gran volumen de facturación, y que paguen más los que más tienen. Es necesario que nuestros ingresos suban, para poder revertir ese dinero en políticas sociales, y en el conjunto de los vecinos”, defendía el alcalde.

 

Por otro lado, Salinas aseguró que, aun con el incremento aprobado, el IAE cabanillero seguirá siendo el más bajo de los principales municipios con los que linda el término municipal, quedando muy por debajo de lo que se paga en Azuqueca, Marchamalo o Guadalajara capital. Asimismo, el alcalde defendió que, como contrapartida, esta nueva Ordenanza del IAE recoge bonificaciones del impuesto de entre el 5 y el 30%, en función del incremento de la contratación que realicen las empresas.

 

El alcalde ha sido respaldado por los representantes de IU y VxC. Manuel Gallego, concejal de Izquierda Unida, dijo que se trata de una medida pactada en el acuerdo programático, y defendió la “justicia” de que “pague más el que más tiene”, al tiempo que recordó que el incremento no afecta a pequeñas empresas y comercios de la localidad. En la misma línea se posicionó Jessica Méndez, de Vecinos Por Cabanillas: “Creemos acertado que se actualice una ordenanza obsoleta, que incumplía la Ley, así como que se 'categoricen' las calles, y que además se recojan las nuevas bonificaciones a la contratación”, dijo la portavoz “vecinal”.

 

La voz crítica fue la del portavoz del PP, Jaime Celada. Aunque reconoció la necesidad de adaptar la Ordenanza, Celada la calificó de “medida meramente recaudatoria”. El concejal popular y ex alcalde opinó que este nuevo IAE no facilitará la llegada de nuevas empresas, y aseguró que en el anterior mandato, cuando él era el alcalde del municipio, su apuesta fue la de no subir ningún impuesto. Asimismo, Celada criticó el hecho de que las bonificaciones no sean “acumulables”, de modo que las empresas de nueva creación (que por Ley tienen descuento del 50% del impuesto en sus primeros años de actividad) no podrán acogerse a la bonificación por contratación “hasta pasados 8 años”. El portavoz del PP también se quejó de que estas bonificaciones a la contratación lleguen a un máximo del 30%, “cuando la Ley permitiría llegar al 95%”.

El alcalde cerró el punto contestando al portavoz popular. Así, Salinas negó que los populares no incrementaran los tributos en sus 4 años en la Alcaldía, recordando que con Celada de alcalde se realizaron subidas de tasas municipales, aunque cambiando su denominación por “precios públicos”. También recordó el incremento experimentado por IBI, en función de los decretos de subida obligatoria que dictó el Gobierno central y las revisiones catastrales. Por otro lado, Salinas también contestó a Celada al recordar que la bonificación del IAE por nueva actividad sólo es aplicable a empresas de nueva creación, pero no a sociedades existentes que se implanten en Cabanillas, por lo que consideró que muchas de ellas sí se se podrán beneficiar de las medidas de incentivación de la contratación. Finalmente, el alcalde dijo que si sólo han podido llegado a un máximo del 30% en las bonificaciones, es porque mayores descuentos supondrían incumplir el Plan de Estabilidad y el Plan de Ajuste al que está sometido el consistorio, y podrían encontrarse con reparos legales.

Reparos suspensivos

Precisamente el Pleno también aprobó una resolución de discrepancias sobre “reparos suspensivos” que la interventora municipal había realizado a dos pagos de contratos del anterior Equipo de Gobierno. Se trata de obras y trabajos efectivamente ejecutados, pero que a juicio de Intervención, no se tramitaron del modo que exige la legislación a la hora de acordar incrementos imprevistos del precio. “Es una cuestión que nos ha puesto en serios aprietos, pero hay que proceder al pago porque los servicios están prestados”, se lamentó el alcalde. El asunto salió adelante con el voto a favor del PP (partido que gestionó los asuntos que han motivado los reparos), mientras que tanto el Equipo de Gobierno como VxC optaron por abstenerse, como modo de visibilizar su oposición a lo ocurrido, pero sin entorpecer la resolución del problema.

Finalmente, cabe señalar que el Pleno aprobó, esta vez por unanimidad, la pertinente solicitud de autorización a la Junta de Comunidades para desempeñar competencias en materia de Servicios Sociales, y seguir gestionando el Centro de la Mujer. Se trata de servicios que presta el Ayuntamiento, aunque la Ley establece que son competencia regional, y que para poder seguir ejerciéndose requieren de este trámite legal.


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