Hoy hemos sabido que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Guadalajara ha condenado al Ayuntamiento de Azuqueca a pagar un total de 8.450,52 euros a un policía municipal que se encontraba de baja por incapacidad laboral transitoria, dinero que le fue detraído, por orden del anterior alcalde Jose Luis Blanco, del complemento de productividad pactado con el ayuntamiento con la policía local por la realización de nuevos horarios y servicios
Según el contenido de la sentencia el agente demandante se encontraba en situación de baja por incapacidad transitoria, IT, por lo que no realizó durante una serie de meses dichos servicios, pero sí se le abonaron dichos complementos ya que el propio Acuerdo Económico y Social, AES, del Consistorio, ‘reconoce el derecho a la percepción del complemento de productividad en situación de Incapacidad Transitoria
Pero por resolución del entonces alcalde José Luis Blanco, se acordó el reintegro de las cantidades cobradas por este agente durante su baja laboral de la misma forma en que las había cobrado, es decir, alrededor de 700 euros cada mes, hasta completar los 8.450,52 euros que supuestamente se le habían pagado por error.
El agente agotó la vía administrativa ante el propio Consistorio, que no atendió sus alegaciones, por lo que presentó demanda judicial en la jurisdicción contencioso administrativa.
Ahora, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Guadalajara ha dado la razón al funcionario, ha anulado la orden de Alcaldía de 13 de diciembre de 2023 y ha condenado al Ayuntamiento de Azuqueca a devolverle dicha cantidad, así como los intereses de la misma y el abono de las costas del letrado y procurador.
El Equipo de Gobierno ha publicado un comunicado en el que culpa al entonces alcalde que sin mediar justificación tomó esa decisión no compartida y por esta razón, tanto la nueva concejala de Hacienda, como el nuevo alcalde y la nueva concejala responsable del área de Recursos Humanos, tomaron de manera inmediata la decisión de dejar sin efectos el decreto que firmó el anterior alcalde por tratarse de una decisión unilateral, arbitraria, que infringía lo estipulado en el Acuerdo Económico y Social ratificado por el Pleno de la Corporación y que vulneraba los derechos de este colectivo, y que se reintegrase la cantidades que se le habían retirado de sus nóminas a otros agentes.